El funcionamiento del Sistema Formador Docente requiere soportes normativos para su institucionalidad, sus políticas y sus actores, en un contexto federal que plantea, además, el desafío de articular la simultaneidad de un sistema nacional formado por subsistemas jurisdiccionales con diversas características y necesidades.
En esta perspectiva, el desarrollo normativo cobra importancia como materia planificable y herramienta de la planificación, haciendo de la operación sobre las normas una acción intencional y sistemática que se inscribe principalmente en un proceso configurador y no solo remedial, promoviendo una mayor capacidad del sistema para autorregularse adecuadamente.